Por María del Carmen Molina Cobos
Delegada Observadora de la “Carmelite NGO” en la COP 31
Hace unos días se inauguró en Antalya (Turquía) la COP31. En la sesión de apertura participaron representantes de la COP30 y los responsables turcos y australianos de la nueva presidencia. André Corrêa do Lago, presidente saliente de la COP30 (Brasil), centró su intervención en la implementación de los compromisos climáticos, la financiación, la transición energética y la lucha contra la deforestación. Reconoció asimismo el papel de las mujeres en la acción climática e insistió en la necesidad de seguir escuchando a las comunidades indígenas. Por su parte, Murat Kurum, presidente de la COP31 (Turquía), subrayó la importancia de la electrificación, las energías limpias, la financiación climática y la cooperación internacional. Entre los objetivos destacados mencionó alcanzar que la electricidad represente el 35 % del consumo energético mundial en 2050 y movilizar 1,3 billones de dólares anuales, procedentes de fuentes públicas y privadas, para la acción climática. Chris Bowen, presidente de las negociaciones de la COP31 (Australia), puso el acento en la gobernanza y la cooperación multilateral, destacando la necesidad de reconstruir la confianza entre los Estados. Recordó la situación de países especialmente vulnerables, como Tuvalu, amenazado por el aumento del nivel del mar, y aludió al retroceso de los glaciares y a las olas de calor que afectan a diversas regiones del planeta. Su discurso mantuvo un tono optimista y descansó en una confianza explícita en la innovación tecnológica: energías renovables, redes eléctricas modernas, sistemas de almacenamiento y capacitación técnica para acelerar la transición energética. No hubo, sin embargo, referencias a los costes sociales y ambientales de algunos procesos extractivos asociados a esta transición ni a las vulneraciones de derechos humanos denunciadas desde hace años por organizaciones sociales, pueblos indígenas y entidades eclesiales. «Las finanzas impulsan nuestros esfuerzos, por lo que no podemos permitirnos que fracasen», afirmó, y lo hizo sin rubor. La frase resume bien una de las impresiones que dejó la jornada inaugural: las finanzas ocupan un lugar central en la estrategia climática contemporánea. Finalmente, Simon Stiell, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), cerró la apertura con una idea sencilla pero contundente: la era de la fijación de objetivos ha dado paso a la era de la implementación. A su juicio, la COP31 no debe limitarse a emitir señales políticas, sino traducirse en soluciones concretas, eficaces y aplicables.
Resulta significativo que todos los intervinientes asumieran la necesidad de fundamentar la acción climática en el conocimiento científico. Sin embargo, sus discursos estuvieron dominados por la innovación tecnológica, la electrificación y la financiación, mientras quedaron prácticamente ausentes las implicaciones que la propia investigación ecológica extrae sobre los límites biofísicos del planeta. La tecnología apareció así no solo como una herramienta de transición, sino como el principal horizonte de solución frente a la crisis climática.
Los cuatro intervinientes se movieron dentro de lo que suele denominarse paradigma del “crecimiento verde”: la convicción de que es posible mantener el crecimiento económico desacoplando progresivamente las emisiones y los impactos ambientales mediante electrificación, eficiencia, energías renovables e innovación tecnológica. Sin embargo, una parte creciente y muy relevante de la investigación ecológica contemporánea cuestiona seriamente esa premisa. De hecho, una encuesta realizada a más de 3.000 investigadores mostró importantes dudas sobre la compatibilidad entre el crecimiento continuado del PIB mundial y el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 2 °C. Ninguno de los intervinientes hizo referencia a esta realidad ni planteó estrategias de decrecimiento planificado o de reducción deliberada del consumo material y energético en los países más ricos. Reducir la demanda puede ser tan importante, o incluso más, que ampliar la oferta de energías bajas en carbono.
La evidencia científica que sustenta estas posiciones parte de una constatación básica: la economía humana depende de sistemas ecológicos sometidos a límites biofísicos insoslayables. Los ecosistemas solo pueden sostenerse gracias a flujos finitos de energía y materia, capacidades limitadas de regeneración y sumideros restringidos para absorber residuos. Al mismo tiempo, funcionan mediante complejas redes de interdependencia que garantizan su estabilidad y resiliencia. Desde esta perspectiva, la sostenibilidad no consiste únicamente en mejorar la eficiencia o sustituir unas tecnologías por otras, sino en adecuar la actividad económica a los ritmos, límites y vínculos que hacen posible la vida. De ahí que diversos autores propongan comprender la economía humana como un subsistema inserto en la economía de los ecosistemas y orientarla hacia formas de organización compatibles con los límites planetarios y la justicia ecosocial. Suter et al. (2026) sostienen que la transición hacia sociedades postcrecimiento necesita la construcción de imaginarios compartidos capaces de hacer tangible y deseable una vida buena dentro de los límites de los ecosistemas. Sin embargo, tampoco encontré indicios de esta orientación en la apertura de la COP31. Fueron escasas, por no decir nulas, las referencias a narrativas capaces de concebir una sociedad próspera desvinculada del crecimiento ilimitado, y, sinceramente, no termino de entender por qué. Al fin y al cabo, estos datos también son ciencia. Y de la buena.
Sobre el decrecimiento, el postcrecimiento y otras propuestas afines sigue pesando una especie de tabú intelectual. Una frontera que pocos parecen dispuestos a cruzar. Sin embargo, existen alternativas que merecen ser exploradas. En la salud, una mayor atención a la prevención, los cuidados relacionales y la atención comunitaria; en la energía, sistemas basados en la suficiencia, las renovables justas y respetuosas con la casa común y la gestión democrática; en la alimentación, modelos más locales y menos dependientes de la producción industrial intensiva; y en la vivienda y los servicios públicos, formas de provisión orientadas a satisfacer necesidades antes que a maximizar la rentabilidad. Difícilmente puede afirmarse que estas opciones sean inviables cuando ni siquiera han sido consideradas seriamente en treinta y una cumbres climáticas.
La buena noticia es que también la ciencia parece apuntar en esa dirección. Se puede ser feliz con menos. Menos, es más, como repetía el papa Francisco. Jackson et al. (2022) después de estudios empíricos sociales, muestran que, una vez alcanzados ciertos umbrales de satisfacción de necesidades humanas, aumentos adicionales en el uso de energía apenas generan mejoras significativas en indicadores de salud, felicidad o calidad de vida. Esto cuestiona directamente la identificación automática entre mayor consumo energético y mayor bienestar.
La doctrina social de la Iglesia se encuentra próxima a algunas de estas perspectivas. Laudato si’ sostiene que la solución a la crisis socioecológica no pasa exclusivamente por una mayor capacidad tecnológica—tecnocracia decía el papa Francisco—, sino también por una conversión cultural capaz de cuestionar el paradigma consumista. Hoy el magisterio pontificio llama a reducir el gasto innecesario, moderar el consumo y adoptar estilos de vida más sobrios, distinguiendo entre necesidades reales y deseos inducidos. Esta propuesta no implica empobrecimiento, sino una redefinición del bienestar: descubrir que una vida buena puede alcanzarse con menores niveles de consumo material, mediante relaciones más justas, comunidades más cohesionadas y una relación más armónica con los límites y ritmos de la naturaleza.
Murat Kurum apelo con mucho tino, a la “colaboración entre países, instituciones, científicos, emprendedores y empresas, trabajando juntos y asumiendo responsabilidad”. En este sentido, la Iglesia Católica lleva a esta COP su propia herramienta para compartir: la Ecología Integral. Aunque la ecología integral surgió en el ámbito de la reflexión teológica y magisterial, su capacidad para integrar dimensiones ecológicas, sociales, económicas, culturales y espirituales ha favorecido su progresiva recepción como categoría social operativa. En este sentido, no solo constituye un marco interpretativo de la crisis socioambiental, sino también un principio para el diseño de espacios sinodales de diálogo y gobernanza orientados a la gestión de problemas complejos. Esto es lo que estamos haciendo en la COP como Iglesia, ofrecer la ecología integral como marco propositivo y operativo frente a un problema que, evidentemente nos desborda y que llamamos cambio climático.
No escuché en la inauguración referencias significativas a esta ciencia ecológica ni a las narrativas de suficiencia y sobriedad que de ella se desprenden. Precisamente por ello, la ecología integral puede aportar una contribución específica al debate climático internacional: ayudar a tender puentes —pontífice significa precisamente eso, “el que tiende puentes”— entre los datos científicos, la economía, la ecológica, la reflexión ética y las aspiraciones humanas de una vida buena. Porque la transición ecológica no depende únicamente de nuevas tecnologías, sino también, y, sobre todo, de la capacidad de imaginar y construir un futuro verdaderamente habitable para todos.
