Alfa y Omega entrevista a Concepción Martín, Delegada de Migraciones de la Diócesis de Huelva
La realidad de los asentamientos de temporeros en Huelva viene de muy atrás. Las entidades sociales, entre ellas Cáritas, y los ayuntamientos afectados reclaman desde hace años una solución. Los migrantes que allí viven y que realizan un trabajo esencial –la recogida del fruto rojo– están en condiciones infrahumanas, muchas veces sin agua y sin las medidas higiénicas mínimas. El relator de la ONU sobre la extrema pobreza, que visitó España en 2020, llegó a decir que la situación era peor que en los campos de refugiados.
Desde aquella fuerte denuncia ya han pasado más de dos años y los campamentos siguen ahí. Los incendios son habituales y, en ocasiones, se cobran la vida de los migrantes. Mohamed, marroquí de 27 años y que llevaba en nuestro país más de un año, fue la última víctima mortal el pasado mes de abril.
Según explica Concepción Martín, delegada de Migraciones de la diócesis de Huelva, durante los últimos meses se han producido muchos fuegos en un corto periodo de tiempo. Además, añade que, con la campaña que acaba de terminar, los problemas se intensifican. Si habitualmente viven en estos lugares en torno a 1.000 personas, durante los meses de recogida pueden llegar hasta las 5.000. «Están trabajando en condiciones duras y no tienen una vida que les facilite el descanso, el aseo y la alimentación», explica a Alfa y Omega.
Desde la Administración se acaba de dar un primer paso para poner fin a estos asentamientos con la firma de un protocolo entre el Gobierno, la Junta de Andalucía y los municipios de Lepe y Moguer. Se trata de impulsar la construcción de espacios habitacionales para los temporeros que viven habitualmente en la zona o llegan exclusivamente para participar en la campaña, de modo que no tengan que recurrir a chabolas. Esto incluye la construcción de albergues o la derivación a viviendas en núcleos urbanos.
Según explicó durante la firma el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, «se da un paso importante para ofrecer una solución a las infraviviendas de los temporeros, denunciadas por Naciones Unidas». Santiago anunció que el Gobierno va a realizar una primera inversión de cinco millones de euros para que los citados ayuntamientos desarrollen estas infraestructuras. Además, se elaborará un plan que pueda ser extrapolable a otras provincias y una comisión de seguimiento. Por su parte, la consejera de Igualdad de Andalucía, Rocío Ruiz, se felicitó por el consenso entre administraciones para dar una respuesta «decidida y pionera» a esta cuestión.
Desde la Iglesia, continúa Martín, se ve con buenos ojos esta iniciativa y espera que «el interés sea más serio que en ocasiones anteriores». Además de la oferta de soluciones habitacionales, la responsable de Migraciones de la diócesis onubense reclama que se faciliten a los empresarios los permisos para construir albergues para sus trabajadores, que se tengan en cuenta otro tipo de necesidades de los migrantes –adicciones, enfermedades mentales…– y que se lleve a cabo –hay en marcha una iniciativa legislativa popular– la regularización de medio millón de migrantes que viven en España. «Sería una solución mucho más fácil. Los empresarios necesitan mano de obra y muchas veces tienen que ir fuera a buscarla», concluye.
