El pensamiento social de la Iglesia pone un énfasis especial en la búsqueda del bien común, entendido como el conjunto de condiciones socioambientales que permiten a cada ser humano, ya sea como individuo o como grupo, alcanzar su plena realización de manera fácil y completa. La búsqueda del bien común garantiza el profundo respeto a la dignidad del ser humano y sus derechos, tanto para las generaciones presentes como futuras. En la actualidad, el cuidado del clima y la biodiversidad, considerados bienes comunes, forma parte integral de esta búsqueda. La protección del ambiente es responsabilidad de todos, aunque existe una responsabilidad histórica mayor en aquellos países que más han contribuido al deterioro ambiental. Paradójicamente, los países vulnerables que históricamente menos han contribuido al deterioro son los que más sufren sus consecuencias y en muchos casos, como se ha podido constatar en la COP 16, los mas comprometidos.
Este pensamiento social se fundamenta en los conocimientos científicos más recientes y en los principios morales de la ética social cristiana, tales como el respeto de la dignidad humana, el acceso universal a los bienes, la solidaridad global e intergeneracional y la subsidiaridad. El respeto a la dignidad humana implica que cada ser humano debe ser tratado con respeto y dignidad, independientemente de su condición social, económica o cultural. Con el acceso universal a los bienes se busca una distribución equitativa de los bienes de la tierra y de las oportunidades, asegurando que todos tengan acceso a lo necesario para una vida digna. La solidaridad fomenta la cooperación y el apoyo mutuo entre los individuos y las comunidades, promoviendo el bienestar común. El principio de subsidiariedad indica que las decisiones deben tomarse en el nivel más cercano posible a los afectados, permitiendo que las comunidades locales tengan un papel activo en la toma de decisiones. Y la protección o cuidado del medio ambiente subraya la importancia de cuidar y preservar la creación para las generaciones presentes y futuras, promoviendo un desarrollo integral humano y sostenible. Estos principios se desarrollan en diversos documentos de la Iglesia, como las encíclicas Rerum Novarum (1891), Quadragesimo Anno (1931), Populorum Progressio (1967), Centesimus Annus (1991), Caritas in Veritate (2009), Laudato Si’ (2015) y Fratelli Tutti (2020).
Dicho lo anterior, en cuanto al clima, las evidencias científicas respaldan que la solución al cambio climático es la eliminación rápida y gradual de los combustibles fósiles en todos los sectores. [1] Tras Laudato Si’, la exhortación Laudate Deum (LD, 2023) subrayó nuevamente la necesidad de acelerar la transición hacia las energías renovables de forma vinculante. Aunque se esperaba que la COP 28 marcara un punto de inflexión en este asunto (LD, 55), el mismo no se materializó. Sin embargo, se renueva el entusiasmo de que la COP 29 (Bakú) y la COP 30 (Belén) logren ese tan ansiado acuerdo vinculante para la transición energética. En este sentido, el Protocolo Planetario para la Resiliencia al Cambio Climático, elaborado por la Pontificia Academia de Ciencias y la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, subraya que la transición de los combustibles fósiles hacia las energías limpias es crucial para la transformación de la sociedad, pues es urgente reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar una vida sostenible. [2]
El documento final de la COP 28 de Dubái, el Inventario Global (GST, por sus siglas en inglés) abogó por una transición justa que abandone los combustibles fósiles en los sistemas energéticos, pero sin llegar a nada vinculante. Para que esto sea vinculante, esta aspiración debería incluirse al menos en los próximos planes nacionales climáticos, o bien, las Contribuciones Determinadas Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) previstas para febrero de 2025, con el fin de alinearse con la limitación del calentamiento global a 1,5°C. Para la Iglesia, los países desarrollados, como principales emisores históricos, deben liderar esta transición, estableciendo objetivos ambiciosos y apoyando a los países en desarrollo. Los actuales planes climáticos nacionales (NDC) indican que el mundo se dirige hacia un calentamiento de 2,7°C, cuando deberían estar alineados con el Acuerdo de París para limitar el calentamiento a 1,5°C.
Así pues, la Iglesia aboga por la transición energética mediante la eliminación de los combustibles fósiles, evitando subsidiar con dinero público las dudosas tecnologías de mitigación, como son las de Captura y Almacenamiento de Carbono, y la industria de los combustibles fósiles, y, en cambio, favoreciendo la financiación para la transición energética hacia energía renovables y la eficiencia energética. [3]
La próxima COP 29, por otra parte, definirá una herramienta de financiación: el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés), crucial para desarrollar NDCs más ambiciosos en los países menos desarrollados. La Iglesia hace hincapié en resolver las carencias financieras sin aumentar la deuda de los países en desarrollo, sino incluso, condonando parte de la deuda [4], diferenciando entre financiación del carbono (basada en los mercados de carbono) y financiación por la crisis climática (adaptación y mitigación). Además, se estima que las reparaciones debidas a los países en desarrollo ascienden a miles de millones de dólares, siendo los cien mil millones de dólares una base simbólica, centrándose en los más afectados por el cambio climático.
Por otra parte, el Programa de Trabajo para una Transición Justa, una iniciativa de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático surgida durante la
COP27 y que volverá a ser importante en la COP 30, debería ir más allá de la reducción de emisiones, abarcando la justicia social, la protección de la biodiversidad y el desarrollo sostenible, incluyendo elementos como nuevas políticas públicas, transferencia de tecnologías innovadoras, educación climática, nuevos estilos de vida sostenibles y salvaguardias. Se necesitan compromisos firmes para una acción climática mundial eficaz y justa. Los principios de la transición justa, como la equidad y las responsabilidades comunes pero diferenciadas, deben guiar todo el progreso.
[1] Véase, IPCC-WGIII, 2022: Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribución del Grupo de Trabajo III al Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van Diemen, D. McCollum, M. Pathak, S. Some, P. Vyas, R. Fradera, M. Belkacemi, A. Hasija, G. Lisboa, S. Luz, J. Malley, (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, EE.UU. doi: 10.1017/9781009157926. https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_FinalDraft_FullReport.pdf
Véase, por ejemplo, AIE [Agencia Internacional de la Energía], 2023: «Net Zero Roadmap: A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach”.
[2] Planetary Protocol for Climate Change Resielence (2024), PASS & PAS, Ciudad del Vaticano, pp. 7, 15.
[3] Discurso del Santo Padre Francisco a la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 28)
[4] Spes non confundit (2024) Spes non confundit, Bula de Convocación del Jubileo Ordinario del año 2025, art 16. Spes non confundit – Bula de convocación del Jubileo Ordinario del Año 2025 (9 de mayo de 2024) | Francisco
Eduardo Agosta Scarel, O. Carm.
Director del Departamento de Ecología Integral
Conferencia Episcopal Española
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Bonus
Glorario técnico en las negociaciones de la cumbre climática de Baku
Financiación
El tema más importante de la COP 29 será el «nuevo objetivo colectivo cuantificado» (NCQG, por sus siglas en inglés) para la financiación de la lucha contra el cambio climático. Los países llevan meses debatiendo los detalles de este objetivo, que debe acordarse este año y que sustituirá al actual, acordado en 2009, en el que los países desarrollados se comprometieron a aportar cien mil millones de dólares anuales a los países en desarrollo a partir de 2020, para ayudarles a reducir sus emisiones y prepararse para el cambio climático. Tras el Acuerdo de París de 2015, las naciones también se comprometieron a aumentar las provisiones de financiación climática para los países en desarrollo «a partir de un mínimo de cien mil millones de dólares» a partir de 2025.
Múltiples evaluaciones han concluido que los países en desarrollo necesitarán apoyo para invertir muchos miles de millones de dólares en los próximos años con el fin de cumplir sus compromisos climáticos. Muchos países en desarrollo han sugerido un objetivo en torno a los mil millones de dólares anuales o más, pero los países desarrollados, que hasta ahora han sido los responsables de proporcionar financiación para el clima, han dudado a la hora de sugerir cifras.
La cantidad que se asigne al objetivo es solo una de las cuestiones en juego. Los negociadores de la COP 29 también deben decidir quién es responsable de la financiación de la lucha contra el cambio climático, de dónde debe proceder y cómo debe definirse. En términos generales, los países en desarrollo desean que el dinero proceda en gran medida de fondos públicos aportados por los países desarrollados, mientras que los países desarrollados prefieren que las economías ricas y emergentes compartan parte de la carga, así como un mayor énfasis en otras fuentes, como la inversión privada y las reformas de los bancos de desarrollo.
Artículo 6
Otra cuestión que la presidencia de la COP 29 ha destacado como una de sus principales prioridades es la plena implementación de los mercados de carbono del Artículo 6. Esto incluye la operatividad tanto del comercio directo entre países según el Artículo 6.2 como de un mercado internacional de carbono según el Artículo 6.4, conocido como el «mecanismo de créditos de París».
Este aspecto lleva años sin resolverse y los debates de la COP 28, que pretendían solucionar las cuestiones técnicas pendientes, no lograron llegar a un acuerdo. Este fracaso significa que, por ejemplo, no ha quedado claro qué tipo de proyectos podrían generar créditos para comerciar bajo los sistemas del Artículo 6.2 y 6.4. Hubo avances en algunas de las cuestiones menores del Artículo 6 en las conversaciones sobre el clima en Bonn a principios de este año, pero queda mucho por decidir en la COP 29. Antes de la COP 29, el organismo supervisor del Artículo 6.4 acordó una «herramienta de desarrollo sostenible» obligatoria, así como dos normas clave para los proyectos que quieran generar créditos de carbono para su venta en el nuevo mercado.
La primera norma se refiere a las metodologías para calcular cuántos créditos podrá generar cada proyecto de reducción de carbono, mientras que la segunda se refiere a lo que se considera «eliminación de carbono» y cómo tratar las reversiones, por ejemplo, cuando una zona reforestada se pierde a causa de un incendio forestal. La forma en que el organismo supervisor adoptó estas normas fue algo controvertida y puede que se aprueben o no en la COP 29. Aunque las partes en la COP 29 aún podrán plantear problemas con el paquete elaborado, esto podría agilizar el camino hacia un resultado en la cumbre.
Inventario Global (GST, por sus siglas en inglés) y Mitigación
Tras la COP 28, las partes se han enfrentado en cómo llevar adelante los resultados de la cumbre, incluido un llamamiento a todos los países para que contribuyan a «abandonar los combustibles fósiles» y alcanzar un balance mundial neto cero para 2050.
Este compromiso surgió del «Inventario Global», que también incluía contribuir a triplicar la capacidad de las energías renovables y duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética en todo el mundo para 2030. Se pidió a los países que continuaran las conversaciones en el marco del «diálogo de los Emiratos Árabes Unidos sobre la aplicación de los resultados del GST». Sin embargo, ha habido desacuerdos sobre lo que debe abarcar este diálogo. Los países desarrollados y las islas pequeñas son algunos de los que quieren que se preste especial atención a los esfuerzos para reducir las emisiones, así como a todos los demás resultados del inventario. Por ejemplo, la Unión Europea afirma que el diálogo debería «hacer un seguimiento de… la aplicación» en todas las cuestiones del inventario, incluidas la mitigación, la financiación, la adaptación, etc.
La Unión Europea quiere que los resultados del GST se incorporen a «todos los programas de trabajo y órganos constituidos pertinentes», en particular el actual «Programa de Trabajo sobre Ambición de Mitigación e Implementación» (MWP, por sus siglas en inglés), ya que se espera que los países pongan en marcha nuevos planes climáticos, conocidos como «Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional» (NDC, por sus siglas en inglés), antes de febrero de 2025.
El GST «anima» a los países a garantizar que esta nueva ronda de NDC esté «alineada» con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 ºC, aunque el significado de «alineada» no está claro. Sin embargo, algunas naciones en desarrollo, incluidos los grupos de Países en Desarrollo Afines (LMDC, por sus siglas en inglés), entre los que se encuentran China, Arabia Saudí e India, sostienen que el diálogo de los Emiratos Árabes Unidos debería «centrarse únicamente en la financiación».
Además, sostienen que «no hay mandato para ninguna actividad que ‘haga balance’ de los avances en la aplicación del Acuerdo de París» fuera del proceso de evaluación quinquenal.
Adaptación
En la COP 28, los países acordaron un «marco» para guiar las acciones de adaptación de los países bajo el «objetivo global de adaptación». Los negociadores continuarán con este programa de trabajo en la COP 29, tras los lentos avances logrados en las anteriores conversaciones de Bonn en junio. La financiación climática ha sido un tema constante en las negociaciones sobre adaptación. Los países en desarrollo suelen argumentar que cualquier debate sobre el tema debe incluir dinero, debido al déficit de financiación de los proyectos de adaptación. Los negociadores también han discrepado sobre los propios indicadores de adaptación y sobre qué organizaciones deberían encargarse de «cartografiarlos». Mientras tanto, siguiendo las orientaciones del inventario global, las naciones también deben contar con planes nacionales de adaptación para 2025, de modo que estén preparadas para aplicarlos en 2030.
Los debates continuarán en torno a este tema, incluyendo, una vez más, la cuestión de proporcionar la financiación necesaria para apoyar estos planes.
Pérdidas y daños
El tan esperado fondo para pérdidas y daños se lanzó oficialmente en la COP 28, en lo que se consideró un triunfo diplomático de la presidencia de Emiratos Árabes Unidos. Hasta ahora, el fondo ha dependido de la generosidad de los donantes para llenarlo, ya que los países no están obligados a hacerlo. Muchos países han prometido dinero para el fondo, pero estas cantidades son ínfimas en comparación con el dinero que necesitan los países en desarrollo para responder a los desastres provocados por el clima. Las pérdidas y los daños no tendrán tanto protagonismo en la COP 29 como lo han tenido en las últimas cumbres de la ONU sobre el clima. Sin embargo, es probable que los países en desarrollo sigan presionando para que se destinen más fondos a este tema, incluido un subobjetivo independiente dentro del NCQG.
