El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, se reunió este jueves en el Palacio de la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la presentación del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España. Durante el encuentro, Cáritas expuso las principales conclusiones del informe y planteó varias propuestas para abordar las causas estructurales de la exclusión social.
El estudio, elaborado por un equipo de 140 investigadores de 51 universidades, centros de investigación y fundaciones, señala que 9,4 millones de personas se encuentran en situación de exclusión social en España. El informe destaca especialmente la situación de la infancia y la juventud: el 29 % de los menores vive en exclusión social y 2,5 millones de jóvenes se ven afectados por la precariedad estructural, marcada por la temporalidad, la parcialidad y los bajos salarios.
La vivienda aparece como uno de los principales factores de desigualdad. Según los datos presentados, uno de cada cuatro hogares tiene dificultades para acceder a una vivienda digna, mientras que el 45 % de las personas que viven de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.
En este contexto, Cáritas trasladó al jefe del Ejecutivo cuatro líneas de actuación: la puesta en marcha de sistemas integrados de políticas públicas, la ampliación del parque social de vivienda en alquiler, el refuerzo de la protección económica a la infancia y la juventud, y una integración migratoria basada en derechos y convivencia.
En relación con la situación de las personas migrantes, Bretón recordó que cerca de nueve millones residen en España y que la irregularidad administrativa afecta de manera directa a los niveles de exclusión. Según los datos de Cáritas, el 68 % de las personas migrantes en situación irregular se encuentra en exclusión social. En 2024, el 47 % de las personas acompañadas por la entidad no tenía regularizada su situación administrativa, lo que equivale a unas 550.000 personas.
Durante el encuentro, Cáritas solicitó al presidente del Gobierno la incorporación de una disposición transitoria que permita una regularización extraordinaria de personas migrantes, como se ha hecho en etapas anteriores. La entidad subrayó que la regularización administrativa es una condición necesaria para el acceso a derechos, empleo y cotización.
Las entidades eclesiales y Cáritas vienen trabajando desde hace años en favor de esta regularización extraordinaria, una demanda que ha contado con el respaldo de amplios sectores sociales y el apoyo de más de 600.000 firmas.
El IX Informe FOESSA fue presentado públicamente en noviembre de 2025 y, desde entonces, sus conclusiones han sido trasladadas a administraciones públicas, partidos políticos y distintos ámbitos académicos y sociales. El estudio se basa en fuentes oficiales y en la encuesta EINSFOESSA, realizada a cerca de 12.300 hogares en todo el territorio nacional.
