La Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas y el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española consideran que la aprobación del Real Decreto, que permitirá una regularización extraordinaria de personas migrantes, es una medida de responsabilidad política, ética y social.

Ante un proceso tan complejo técnica y logísticamente que ha de desarrollarse en un período muy limitado de tiempo, las entidades firmantes confían en que el proceso de regularización extraordinaria dé respuesta a todas las personas que se encuentran en situación administrativa irregular, en particular aquellas que llevan sufriendo estas circunstancias durante un largo período de tiempo y no logran regularizar su situación por las vías ordinarias de la normativa de extranjería.

Este objetivo únicamente será posible si la Administración se dota de los medios adecuados para ofrecer información de calidad y ofrece posibilidades de registro presencial de expedientes a todas las personas extranjeras potencialmente beneficiarias.

Expresión coherente del Evangelio

La acogida, la protección y la dignificación de las personas migrantes constituyen para la Iglesia una exigencia inherente a su misión. No se trata únicamente de una opción pastoral, sino también una exigencia en materia de derechos humanos y por tanto de una expresión coherente del Evangelio en la vida pública.

Este paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión, supone además un refrendo al proceso participativo impulsado por la sociedad civil, que logró concitar a más de 900 organizaciones de toda índole y recabar más de 600.000 firmas para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Desde el año 2023 las cuatro entidades eclesiales han participado en este proceso y en multitud de reuniones con actores políticos y sociales exponiendo la preocupación compartida y constatada en el día a día de su labor de acompañamiento por la relación innegable entre irregularidad administrativa y exclusión social.

La irregularidad administrativa coloca a las personas que residen en España en una situación de fuerte vulnerabilidad, ya que limita gravemente su acceso a derechos básicos y las expone a múltiples formas de discriminación. Según el IX Informe FOESSA sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de personas migrantes viven en nuestro país. La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social.

Según los últimos datos publicados por Cáritas, el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas. Una cifra que no para de crecer desde 2019. Al final, la irregularidad no solo limita la autonomía personal, sino que genera un círculo de invisibilidad y desprotección que afecta a toda la convivencia social.

Salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad

La regularización administrativa transforma de manera profunda la vida de las personas migrantes, porque les permite salir de la incertidumbre y la vulnerabilidad asociadas a la irregularidad y acceder plenamente a derechos y oportunidades básicas. Contar con una autorización de residencia y trabajo abre la puerta al empleo formal y digno, a la estabilidad económica y a la posibilidad de planificar un proyecto de vida.

También facilita el acceso efectivo a la sanidad, la vivienda, la educación y otros servicios esenciales, además de permitir realizar trámites cotidianos —como abrir una cuenta bancaria o firmar un contrato— sin miedo. La regularización reduce la exposición a la explotación laboral, a la discriminación y a situaciones de abuso, y ofrece la tranquilidad de poder circular y relacionarse con las instituciones sin riesgo. En definitiva, supone pasar de la invisibilidad y la precariedad a la protección, la autonomía y la plena participación social.

La regularización permitirá que cientos de miles de personas coticen, paguen impuestos y contribuyan formalmente al sostenimiento de los servicios públicos, reforzando el Estado del bienestar.

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El presidente de la CEE ha valorado positivamente el encuentro señalando la necesidad de seguir dando pasos para poder realizar esta regularización por medio del acuerdo parlamentario o por la iniciativa administrativa del propio gobierno y ha señalado la disposición de la Iglesia para continuar facilitando el encuentro y el diálogo que haga posibles los acuerdos. En el encuentro se ha trasladado a los partidos que esta iniciativa es una iniciativa social, que no responde a la acción de los grupos parlamentarios, sino de la misma sociedad civil, con la participación fundamental de las instituciones eclesiales.

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7.2.  Segunda propuesta. Las migraciones (Iniciativa Legislativa Popular)

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP), promovida por centenares de organizaciones con una presencia muy especial de Cáritas, Confer, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y REDES, recogió 611.821 firmas validadas por la Oficina de Censo Electoral. La ILP fue tomada en consideración por el Congreso de los Diputados el 9 de abril de 2024, con 310 votos a favor. El 19 de noviembre de 2024, se aprueba la modificación del Reglamento de la ley de extranjería, que sirve de argumento para paralizar la tramitación ya aprobada de la ILP por «ser ya innecesaria». Sin embargo, el Reglamento dejará fuera, en una cierta situación de limbo jurídico y existencial, a miles de personas como, por ejemplo, quienes no cumplan el requisito de dos años de permanencia o personas que no puedan demostrar fehacientemente su estancia durante ese periodo; las personas indocumentadas sin posibilidad de recibir documentos de su país de origen; las personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad o enfermedad crónica; quienes estando en posibilidad de trabajar no pueden aceptar una propuesta de empleo por no estar «regularizados» ni pueden «regularizarse» por no aportar un contrato laboral; los solicitantes de protección internacional, a quienes se deniega su solicitud; y las familias con niños y adolescentes que estén en situación de irregularidad administrativa.

La CEE siempre ha reconocido el derecho del Estado de regular los flujos migratorios, la necesidad de abordar las causas migratorias en colaboración con los países de origen y de combatir a las mafias, siempre desde el principio de la dignidad humana que nos impulsa a abordar la situación de los que ya residen en nuestra nación. Por eso, ante la situación de estos miles de personas, especialmente niños, enfermos, trabajadores, ¿qué hacer, expulsarlos a todos o abordar la manera de regularizar su situación?

Proponemos a los dos grupos políticos mayoritarios en las Cortes Generales que se reúnan para afrontar el problema e impulsar la tramitación de la ILP. Es un ejercicio de regeneración democrática, por respeto a la iniciativa de cientos de miles de ciudadanos y a la decisión del Congreso de los Diputados, y también una forma de ayudar a resolver un grave problema en el que la dignidad y el bien común están afectados. Es también una llamada a superar polarizaciones estériles y abordar los graves problemas comunes desde legítimas diferencias, pero buscando puntos de encuentro. Queremos promover una alianza social que lleve la esperanza a quienes están excluidos de la regularización y viven en una tierra de nadie que no propicia nada bueno. Estamos dispuestos a ofrecer un cauce que facilite el encuentro y el diálogo. Por eso en próximas fechas quisiéramos trasmitirles esta iniciativa y sugerirles la posibilidad de un diálogo sobre el asunto.

DISCURSO COMPLETO

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Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, la Red de entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) piden a todos los grupos políticos del Congreso de los Diputados que perseveren en negociar un texto garantista de derechos en la Proposición de Ley de regularización extraordinaria de personas migrantes actualmente en tramitación.

Este proceso de regularización extraordinario, iniciado en el año 2021, ha contado con un respaldo transversal y diverso de la sociedad civil organizada, así como de más de 700.000 ciudadanos y ciudadanas, cuyas firmas han posibilitado presentarlo al Congreso de los Diputados como una Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Estamos en una semana crucial para la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, cuya toma en consideración por el parlamento fue aprobada con amplísimo consenso. Mañana martes se celebra la ponencia parlamentaria encargada de negociar el texto definitivo, que daría refrendo a ese gran acuerdo. Por ello, está en manos de todos los grupos políticos el acercar posturas para aprobar, con el grado de consenso que merece este asunto de estado, un procedimiento que dé respuesta a un grupo de personas que se encuentran en las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad. 

Las entidades de Iglesia consideran que la aprobación de esta ley es un complemento imprescindible al nuevo Reglamento de Extranjería, aprobado por el Gobierno el pasado mes de noviembre, al dar respuesta a aquellos perfiles que no pueden regularizarse por las vías ordinarias que ofrece nuestra normativa de extranjería.

Un importante número de personas – que en ocasiones llevan mucho tiempo en nuestro país – tales como aquellas que no pueden acceder a un pasaporte de su país de origen o personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad o enfermedad crónica, entre muchas otras, tendrán que seguir viviendo las consecuencias de la irregularidad administrativa si esta iniciativa no sale adelante.

El anuncio de un acuerdo amplio de regularización extraordinaria de personas migrantes dará respuesta a una demanda de amplio interés social, además de ser un gesto político valiente y positivo a propósito del día internacional de las personas migrantes que se celebra este miércoles 18 de diciembre.

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Queridos hermanos:

El 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado, que pretende visibilizar y ayudar a millones de personas que se ven forzadas a abandonar sus hogares dejando todo atrás para salvar la vida y buscar un futuro en dignidad fuera de la tierra que los vio nacer.

No están lejos de nosotros. La Memoria de Cáritas 2023, que presentamos a los medios de comunicación el pasado 7 de junio, destacaba que la necesidad que más está aumentando en nuestra diócesis es la atención a inmigrantes. Por primera vez, las personas extranjeras han superado al número de españoles que acuden a nuestras Cáritas, aun siendo la tasa de inmigración en Extremadura de las más bajas de España. Hay entre nosotros más migrantes que carecen de documentación, de “papeles”, lo cual les impide acceder a los derechos y servicios de los que todos gozamos como la sanidad, la educación, las previsiones sociales…

Han sido numerosas y significativas las entidades de Iglesia que apoyaron el pasado mes de abril la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras. Además de muchos particulares, la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) se han unido en un comunicado conjunto dirigido a los grupos políticos del Parlamento.

En todo caso, los cristianos no nos podemos limitar solo a ‘socorrer’ las emergencias materiales, sino que estamos llamados a acoger en nuestras comunidades a las personas que llegan de lejos. No es extraño que la Delegación Episcopal de Migraciones esté cobrando cada vez más relevancia dentro de la pastoral diocesana para que nuestras parroquias estén abiertas a la renovación y riqueza que supone la llegada de hermanos de otras tierras.

La Conferencia Episcopal aprobó el pasado mes de marzo una exhortación pastoral que lleva por título “Comunidades acogedoras y misioneras” que constituye una llamada de atención sobre la emergencia migratoria que afecta crecientemente a nuestro país. “La integración, que no asimilación, de las personas migradas en la Iglesia es uno de los signos de los tiempos eclesiales más claros”.

Aunque no lo decimos expresamente en el credo, ciertamente forma parte del evangelio y de la fe cristiana reconocernos prójimos de quien nos necesita.

Ser prójimo es hacerse cargo del otro, ponerse en su lugar, como el buen samaritano. Y el Día del Refugiado nos invita a ponernos en la piel de que quienes se ven obligados a salir de su patria por la guerra, la violencia, las persecuciones sociales y políticas, la trata, los desastres ambientales…

Los refugiados de nuestros días nos recuerdan a aquellos primeros discípulos de Jesús que, forzados por la persecución que sufrían por parte del judaísmo, huyeron a los países de alrededor llevando consigo el evangelio. Dejaron patria, casas, tierras… y siguiendo las indicaciones del Señor iban llamando a las puertas de las casas pidiendo hospitalidad. Los mensajeros del evangelio se presentaban como migrantes pidiendo asilo. Esperemos que, en nuestros días, nadie se tenga que sacudir el polvo de las sandalias como testimonio contra nosotros y decirnos: “De todas formas, sabed que el Reino de Dios es imparable” (cf. Lc 10,11). La sola presencia de refugiados entre nosotros es una llamada a la construcción del Reino: “Fui forastero y me acogisteis”.

+ Jesús Pulido Arriero

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Temen que la propuesta respaldada por más de 700.000 personas y 900 organizaciones ni siquiera llegue a ser debatida en el Congreso

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) piden a los grupos políticos del Parlamento que tomen en consideración la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre la regularización extraordinaria de personas extranjeras.

Comunicado

Con pleno conocimiento de las consecuencias de la irregularidad administrativa en la vida de las personas migrantes, estas entidades eclesiales llevan desde el año 2021 apoyando el proceso por una regularización extraordinaria de las personas que residen en situación irregular en nuestro país. Este proceso ha contado con un respaldo transversal y diverso de la sociedad civil organizada, así como de más de 700.000 ciudadanos y ciudadanas, cuyas firmas han posibilitado presentarlo al Congreso de los Diputados como una Iniciativa Legislativa Popular.   

Esta ILP se encuentra en un momento crucial: el próximo martes 9 de abril los partidos políticos han de decidir si la toman en consideración, abriendo un período sosegado de diálogo sobre esta reivindicación ciudadana, o por el contrario rechazan y ponen fin a su tramitación antes siquiera de debatir en profundidad sobre ella.

Tanto por la temática tratada por la iniciativa legislativa, con su potencial impacto positivo en la vida de muchas personas, como por la legitimación democrática que ofrece el apoyo de centenares de miles de ciudadanos a través de sus firmas, resultaría incomprensible que esta iniciativa no sea debatida por los representantes políticos en la sede de nuestra soberanía popular.

Por todo ello, estas entidades eclesiales convocan a los partidos políticos con representación parlamentaria a iniciar conjuntamente un diálogo constructivo, votando a favor de la toma en consideración de la ILP.  

Comunicado

Entidades de Iglesia piden a los grupos políticos del Parlamento que tomen en consideración la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras

Temen que la propuesta respaldada por más de 700.000 personas y 900 organizaciones ni siquiera llegue a ser debatida en el Congreso

La Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Cáritas, el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES) piden a los grupos políticos del Parlamento que tomen en consideración la ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre la regularización extraordinaria de personas extranjeras.

Con pleno conocimiento de las consecuencias de la irregularidad administrativa en la vida de las personas migrantes, estas entidades eclesiales llevan desde el año 2021 apoyando el proceso por una regularización extraordinaria de las personas que residen en situación irregular en nuestro país. Este proceso ha contado con un respaldo transversal y diverso de la sociedad civil organizada, así como de más de 700.000 ciudadanos y ciudadanas, cuyas firmas han posibilitado presentarlo al Congreso de los Diputados como una Iniciativa Legislativa Popular.   

Esta ILP se encuentra en un momento crucial: el próximo martes 9 de abril los partidos políticos han de decidir si la toman en consideración, abriendo un período sosegado de diálogo sobre esta reivindicación ciudadana, o por el contrario rechazan y ponen fin a su tramitación antes siquiera de debatir en profundidad sobre ella.

Tanto por la temática tratada por la iniciativa legislativa, con su potencial impacto positivo en la vida de muchas personas, como por la legitimación democrática que ofrece el apoyo de centenares de miles de ciudadanos a través de sus firmas, resultaría incomprensible que esta iniciativa no sea debatida por los representantes políticos en la sede de nuestra soberanía popular.

Por todo ello, estas entidades eclesiales convocan a los partidos políticos con representación parlamentaria a iniciar conjuntamente un diálogo constructivo, votando a favor de la toma en consideración de la ILP.  

La entrada Entidades de Iglesia piden a los grupos políticos del Parlamento que tomen en consideración la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas extranjeras se publicó primero en Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la promoción humana.

La entrada Mons. Luis Argüello: Ante la regularización de migrantes en España se publicó primero en Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la promoción humana.

En su día el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española apoyó esta iniciativa considerándola justa a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia: «Conocemos la situación de tantas personas y familias abocadas a una situación administrativa irregular y lo que ello conlleva; el último Informe Foessa al respecto ha sido contundente.

Entendemos que la situación administrativa irregular o la irregularidad sobrevenida en la que se encuentran tantas familias no contribuye ni a su inclusión ni a su desarrollo integral. Por tanto, a la luz de la Enseñanza Social de la Iglesia consideramos que el contenido de la iniciativa en cuestión es justa.  Los argumentos presentados pueden complementarse bien con los propuestos tantas veces por la Iglesia en la voz de sus obispos, entidades y, sobre todo, del Papa Francisco cuando aboga por “establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía” (FT 131). Regularizar a las personas migradas contribuye precisamente a eso; es una continua y prioritaria demanda de nuestra Iglesia de cara a poder acoger, proteger, promover e integrar dignamente» 

LEE LA NOTA COMPETA

Varias diócesis españolas se involucraron activamente en este campaña

La entrada Reconocimiento a las delegaciones diocesanas de migraciones se publicó primero en Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la promoción humana.

1) Se trata de un envío cuya responsabilidad es exclusivamente de dicho partido.

2) El Departamento de Migraciones:

a) Desconocía el contenido de esas cartas y ha contactado con los responsables del partido para mostrar su desconcierto por las formas al verse citado en las mismas.

b) Respecto a las Orientaciones sobre la recogida de firmas para la ILP, se mantiene en sus principios.

c) Se pone a disposición de los delegados diocesanos de pastoral con migrantes por si necesitaran alguna información complementaria.

La entrada Nota del Departamento de Migraciones se publicó primero en Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la promoción humana.

El objetivo concreto de esta iniciativa es recoger 500.000 firmas para presentar en el Congreso de los Diputados para modificar la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Explica el delegado de Migraciones, Fernando Redondo, que respalda esta iniciativa porque el fin que persigue está dentro del objetivo general del Plan Pastoral de la Delegación, que en su número 4.1 dice “Trabajar por la integración de las personas migrantes y su incorporación en la sociedad y en la Iglesia, en igualdad de condiciones que la población autóctona”.

La iniciativa también responde al deseo del Papa Francisco que, en el mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de 2018, también señala claramente que “para el proceso de integración de las personas migradas son necesarias vías de regularización extraordinaria, a los emigrantes que puedan demostrar una larga permanencia en el país”.

El plazo de recogida de firmas termina  el 23 de septiembre.

Se puede participar firmando la petición o ayudando a recoger firmas para lo que hay que enviar un correo a delegado@migraciones.diocesisgetafe.es o llamar por teléfono a la sede de la delegación getafense en el número: 91 681 51 11.

Esenciales es una campaña promovida desde la sociedad civil que responde a la situación de cerca del medio millón de personas que están entre nosotros en situación irregular de larga duración. La Delegación Diocesana de Migraciones de Getafe se ha sumado, junto con otras instituciones de Iglesia, porque sirve al objetivo que nos marca la propia iglesia de ACOGER, PROTEGER, PROMOVER, e INTEGRAR a nuestros hermanos migrantes.

Para que el Congreso de los Diputados debata la Iniciativa Legislativa hay que conseguir medio millón de firmas de aquí a septiembre de este año. La Delegación de Migraciones facilitará la firma a las entidades, asociaciones y Parroquias de la Diócesis que aún no lo hayan propuesto a sus miembros.

Xabier Gómez director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, señala en una comunicación enviada a las diócesis que la iniciativa es justa a la luz de la enseñanza social de la Iglesia: «Los argumentos presentados pueden complementarse bien con los propuestos tantas veces por la Iglesia en la voz de sus obispos, entidades y, sobre todo, del Papa Francisco cuando aboga por “establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía”. Regularizar a las personas migradas contribuye precisamente a eso»

Entre los argumentos que justifican la medida, no podemos olvidar que la situación actual supone la pérdida de «un gran aporte económico y fiscal» –según la Universidad Carlos III, 3.250 euros por persona y año–, y la propia gestión del país, pues tener a cerca de medio millón de personas –150.000 son niños– «fuera del radar de las instituciones y de la planificación de los servicios públicos supone un déficit de gobernanza que es urgente corregir».

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