En su día el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española apoyó esta iniciativa considerándola justa a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia: «Conocemos la situación de tantas personas y familias abocadas a una situación administrativa irregular y lo que ello conlleva; el último Informe Foessa al respecto ha sido contundente.

Entendemos que la situación administrativa irregular o la irregularidad sobrevenida en la que se encuentran tantas familias no contribuye ni a su inclusión ni a su desarrollo integral. Por tanto, a la luz de la Enseñanza Social de la Iglesia consideramos que el contenido de la iniciativa en cuestión es justa.  Los argumentos presentados pueden complementarse bien con los propuestos tantas veces por la Iglesia en la voz de sus obispos, entidades y, sobre todo, del Papa Francisco cuando aboga por “establecer en nuestra sociedad el concepto de plena ciudadanía” (FT 131). Regularizar a las personas migradas contribuye precisamente a eso; es una continua y prioritaria demanda de nuestra Iglesia de cara a poder acoger, proteger, promover e integrar dignamente» 

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Varias diócesis españolas se involucraron activamente en este campaña

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