Las informaciones oficiales manifiestan que, entre los heridos y muertos en los criminales atentados del pasado 11 de Marzo, en Madrid, se encontraban, junto a ciudadanos y ciudadanas españoles, un buen número trabajadores inmigrantes de diversos países, entre ellos algunas personas de etnia gitana.

La Comisión Episcopal de Migraciones hace suya la condena de estos horribles hechos terroristas, expresada tan unánimemente en todas las lenguas, encomienda a Dios el eterno descanso de los difuntos y pide la recuperación de los heridos y el consuelo de la esperanza para los familiares de las víctimas.

Ha sido profundamente consolador comprobar los admirables gestos de generosidad del Pueblo y de la Iglesia de Madrid, de profesionales y voluntarios, así como la ola de solidaridad y de oración que se ha levantado en el resto de los Pueblos e Iglesias de España. A la vez que confiamos en la rápida y eficaz aplicación de las medidas de ayuda prometidas por las Autoridades, valoramos y agradecemos el gesto del Gobierno de la Nación de facilitar la regularización de los inmigrantes afectados por el atentado y de sus familiares.

La reivindicación y la posterior comprobación de que los hechos criminales han sido llevados a cabo por unos grupos fanáticos de religión islámica de origen marroquí merece la más absoluta y enérgica condena para los autores y sus cómplices o alentadores. En modo alguno debería extenderse la desconfianza o la sospecha a la población de religión musulmana o de origen marroquí, que convive pacífica y ejemplarmente en nuestro país. Las palabras de Juan Pablo II en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del año 1989 , que invitaba a respetar “la inalienable dignidad de cada persona humana, sin distinciones relativas a su origen racial, étnico, cultural o nacional, o a su creencia religiosa” recobran en este momento plena actualidad. Y, como sigue diciendo el Papa, al referirse a los diversos grupos humanos que conforman una sociedad plural, éstos “tienen derecho a su identidad colectiva, que ha de ser tutelada conforme a la dignidad de cada uno de sus miembros. Este derecho permanece inalterado incluso en los casos en los que el grupo, o alguno de sus miembros, actúe contra el bien común. En esos casos, la presunta acción ilícita ha de ser examinada por la autoridad competente sin que por ello sea condenado todo el grupo, pues esto va contra la justicia. A su vez, los miembros de las minorías tienen la obligación de tratar a los demás con el mismo respeto y sentido de la dignidad”

Animamos a toda la sociedad española, que ha dado tan altas pruebas de lucidez y generosidad con motivo de los trágicos acontecimientos a que nos venimos refiriendo, a desechar cualquier prejuicio infundado y a intensificar el conocimiento y las buenas relaciones con las personas inmigrantes, sea cual sea su origen, credo, raza o cultura, a la vez que reclamamos de éstos el mismo respeto y afecto que para ellos pedimos. No podemos consentir que los recientes acontecimientos se traduzcan en deterioro de la convivencia pacífica y del enriquecimiento mutuo que supone para la Sociedad en general y para la Iglesia en particular la presencia de la población inmigrante. Todos – las instituciones políticas y sociales, las parroquias y los centros de educación, tanto los públicos como los de iniciativa social- podemos y debemos contribuir eficazmente a este fin.

Quiera Dios que del mal sepamos sacar bien, a fin de que, unos y otros, más allá de nuestras diferencias, trabajemos por hacer de este mundo la gran familia de los Hijos de Dios. Como decíamos en nuestro Mensaje para la Jornada de Migraciones del 2003, “Esta casa es de todos y la construimos juntos”

Pidamos al Dios de la Paz que nos haga a todos instrumentos de su Paz.

Los Obispos miembros de la Comisión Episcopal de Migraciones